Ley Ómnibus: fin de la zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino.

El sector pesquero entró en crisis con un giro copernicano cuando la marina mercante del país celebró la decisión final del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de navegación costera que preserva el transporte de mercancías entre puertos argentinos por buques con bandera. El sector pesquero expresa su preocupación por la denomina Ley Ómnibus para el sector.

Fin de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo 245 de la norma entregada en mano durante el pasado miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nuevo contenido modifica esencialmente el artículo 24 de la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), que preserva el aprovechamiento de los recursos marinos vivos en la zona económica exclusiva de Argentina (hasta 200 millas náuticas de la costa), a personas jurídicas constituidas en el país de acuerdo con las regulaciones nacionales aplicables.

Las regulaciones actuales en lenguaje sencillo para la pesca comercial en aguas argentinas exigen que los buques sean propiedad de empresas con sede en ese país, que enarbolen su bandera y estén tripulados principalmente por gente de mar argentina.

Para los principales líderes de la industria, este cambio de paradigma va más allá de lo que internacionalmente hacen todos los países con litoral marítimo: mantener las actividades extractivas dentro de una radio de 200 millas. Los expertos consultados dijeron que la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, adoptada por Naciones Unidas en 1982, reconoce este derecho.

El sector empresario emite su opinión.

“Aún estamos tratando de interpretar cuál sería la ventaja para el país de todo esto. No nos esperábamos que una ley que pretende desregular actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado propinara semejante golpe a una actividad totalmente privada que es ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, generando miles de puestos de trabajo, valor agregado y miles de millones de dólares fruto de la exportación de casi el 90% de lo capturado en el mar”, señala el presidente de una de las cámaras empresarias.

Consultado al respecto, Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, sostiene: “la sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”.

Y agrega: “Como consecuencia de la sanción de esa ley, las empresas obtuvieron sus ‘Cuotas de Captura’ sobre la base de las inversiones realizadas en el país, las exportaciones efectuadas, el promedio de capturas legales realizadas, de productos pesqueros elaborados y, también, para su otorgamiento, se analizaron los antecedentes de sanciones aplicadas a las mismas”.

Con la presentación de este proyecto denominado Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, “se introducen profundos cambios en la legislación pesquera que pueden tener consecuencias sumamente graves para las empresas del sector y también para el personal que desarrolla sus actividades en las mismas”, sentencia el empresario pesquero.

“Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, concluye Rivera, no sin antes manifestar el enérgico rechazo del sector que representa a la nueva normativa. Por estas horas, y sin solución de continuidad, se realizan reuniones en las diferentes cámaras empresarias del país.

“Acá no podemos hablar de monopolio ni de oligopolio; hay decenas de empresas pesqueras, algunas de pesca de altura y otras costeras. También nos diferenciamos por el objetivo a capturar y los tipos de buque que utilizamos”, indican los empresarios. Un vocero de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) ante la consulta de Infobae indica: “La industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.

Desde la misma cámara empresaria también alertan: “Una reforma en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento pondrá en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Todo ello merece un tratamiento serio y sin apresuramientos, ya que la pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esta situación”.

La perspectiva del trabajador.

Por otro lado, el sector sindical observa con preocupación la derogación del artículo 40 de la citada ley 24.922, que preveía la formación de brigadas y la reserva del 100% en puestos de oficiales y del 75% en puestos de personal subalterno para los trabajadores argentinos. Si se aprueba la propuesta liberal, los armadores podrán contratar gente de mar extranjera sin estar sujetos a requisitos laborales nacionales.

Alertados acerca del contenido del proyecto de ley, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, mediante nota firmada por su titular, Capitán Jorge Frías, los pescadores solicitaron al presidente Javier Milei el pasado 19 de diciembre una entrevista para ponerlo al tanto de la situación de la actividad.

La misiva enviada por el gremio con mayor representatividad en el sector indica: “En mi carácter de Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca en representación de los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, me dirijo a usted con el objeto de solicitarle una reunión a los efectos de abordar la problemática actual de la actividad de la pesca industrial en la Argentina, en relación a las medidas económicas adoptadas y las que se anuncian por los medios de difusión que se adoptarán próximamente”.

“En este sentido, es intención de esta organización hacerle llegar en forma directa la visión de los Capitanes y Oficiales de los Buques pesqueros con respecto al desarrollo actual de la actividad pesquera, que se ha convertido a lo largo de los años y como producto del esfuerzo de la totalidad de los actores involucrados en la misma, en una importante fuente de alimento, trabajo y divisas para nuestro país”, finaliza.

Se puso saber que no hubo respuesta al transporte de la asociación directa de pescadores, la Liga Naval Argentina expresó su preocupación por el proyecto, afirmando que las actividades pesqueras son una de las principales fuentes de divisas del país y crean millones de puestos de trabajo, incluidos trabajadores navales que incluye distribución a bordo de barcos pesqueros, para exportación o para consumo interno mediante procesamiento en fábricas en tierra.

Desde la misma institución señalan: “En lo que respecta a lo que hasta ahora se conoce como Zona Económica Exclusiva, de aprobarse esta medida, se producirán necesariamente cambios radicales”.

“En primer lugar, la zona dejaría de ser exclusiva, con lo cual perdería sentido su actual denominación. Por otra parte, independientemente de la actividad de la Prefectura Naval y la Armada Argentina en el control y prevención de la pesca ilegal en la milla 200, la autoridad marítima realiza dentro de la hasta ahora reconocida como zona exclusiva controles aleatorios en los pesqueros de matrícula nacional en todo lo atinente a seguridad marítima, dotación a bordo y cualquier otra que haga a la navegación”, subrayan los académicos.

“La existencia de buques extranjeros pescando implicaría un freno a esta actividad netamente policial, ya que, en principio, salvo presunción de un ilícito, las facultades de la PNA se verían limitadas. Es todo tan novedoso que las derivaciones de esta normativa aún no pueden ser cuantificadas”, concluyen.

Glaciares, bosques y quema de tierras: lo que dice la ley ómnibus para proteger el medio ambiente.

Este proyecto acelerará los cambios a los permisos de incendio y cambiará la jerarquía de las áreas de evacuación permitidas.

El proyecto "Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos" enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para ser discutido en la sesión extraordinaria tiene un tercer capítulo que aborda la reforma de algunas leyes importantes para la protección del medio ambiente.

La iniciativa del Gobierno del Presidente Javier Milei propone modificaciones a la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Estas modificaciones contemplan desde la ampliación de zonas autorizadas para el desmonte a la autorización de actividades productivas en zonas periféricas a las grandes masas de hielo de la Patagonia.

Reforma en la Ley de bosques.

El proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei propone modificar el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como Ley de Bosques) por el siguiente: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.

La modificación elimina las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente que establece qué tipo de información deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre las actividades ambientales que desarrollen. También se elimina la obligación de las autoridades nacionales del área de presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país.

La reforma impulsa cambios en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa.

La joven activista ambiental Nicki Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina, planteó:

“En la ley actual se establece una especie de semáforo para la deforestación. La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende, se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar, pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibida la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que, tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”.

Respecto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el proyecto modifica los primeros ítems del artículo 31 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En ese sentido, Becker advirtió en un video subido a sus redes sociales que estas reformas, le quitan al Estado recursos que hoy están disponibles para el cuidado de los bosques según la normativa actual: “Antes se financiaba con un 0,3% del PBI y 2% de las retenciones. Si bien es verdad que nunca se cumplió esto, ahora el Gobierno (de Milei) va a poder decidir cuánto financiarla de manera discrecional”.

Cambios en Ley de Quemas.

Según las modificaciones al artículo 3 de la Ley N°26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema se establece la prohibición “en el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”.

El texto de la Ley Ómnibus detalla que dicha autorización será otorgada “en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización” y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

Becker señaló que con la normativa actual “si un productor quiere quemar la tierra, para ´limpiarla´, que es una práctica totalmente habitual, hoy tiene que pedir permiso al Estado. Esto es así porque la mayoría de los incendios que vemos son intencionales, empiezan con un fuego pequeño que después no se puede controlar. La modificación (a la ley vigente) lo que plantea es que, si se hizo una solicitud y no se contesta en el plazo de 30 días, queda de todas formas habilitado a poder iniciar el incendio”.

Ley de Glaciares.

La ley Ómnibus plantea cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº26.639, que regula la protección de los glaciares en Argentina.

La iniciativa de La Libertad Avanza contempla la protección de las siguientes geoformas: “Los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial, en la medida que dichas geoformas se ubiquen en el territorio de la República Argentina”.

También establece que “los glaciares constituyen bienes de dominio público de la Nación o de las Provincias según el territorio en el que se encuentren”.

Los glaciares deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser protegidos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

“Hoy, en la zona Periglacial no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero con esta modificación se podría. Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. La ley no está aprobada. Todavía queda mucho por hacer”, remarcó la líder de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.

Mercado de carbono.

Se impulsa crear un mercado de carbono con controles sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de los distintos sectores de la industria y servicios. El texto del proyecto señala que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento, penalizarlo”.

“En materia energética se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático”, dice el texto enviado al Congreso.