Argentina: Proyecto de Ley.
La iniciativa establece la modificación del Código Penal y la creación de un registro de activos virtuales, fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones. Ahora será tratada por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que posee como ejes centrales las modificaciones al Código penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
El dictamen fue aprobado por 112 votos contra 96, 5 abstenciones ya que respaldaron en su mayoría el frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
La sanción es considerada clave para el Gobierno, ya que el año venidero hay una nueva revisión técnica del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y nuestro país debe actualizar su legislación a las nuevas normas.
La iniciativa consiste en convertir a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que tendrá autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Cabe destacar que otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y se dispones la incorporación de los proveedores de servicios virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societario y fiduciarios, creando de esta manera el registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que tendrá como labor, detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo al dictamen, la UIF podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquiera organismo público, nacional, provincial o municipal, a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, tofos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro de un término específico fijado, bajo apercibimiento de Ley.
Los sujetos obligados no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La pena por el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó de $300.000 a $8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El tema de mayor debate y discusión fue la incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
“Nunca me llamó el Ministro de Economía para decir que acelere el tratamiento de esta ley y nunca me insinuaron que el FMI quiere esta ley, pero si hay evaluación del GAFI que tiene fecha y se va a realizar. Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco.
Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los Diputados del FDT que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos”, sostuvo en el debate, el Presidente del Bloque de Diputados del FDT, Germán Martínez.
“La coalición opositora rechaza en general el proyecto de ley de Lavado de Activos porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera. Es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas”, expresó el Presidente de la UCR, Mario Negri.
“El país debe ser evaluado por el GAFI y es importante sancionar esta ley ya que ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones. En el armado del proyecto han participado todos los sectores del estado vinculados a la prevención del lavado”, dijo el Presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy.
“Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional”. Sostuvo por su parte la Legisladora del FDT, Mónica Litza.
“Esta ley es parte de la legislación antiterrorista en el mundo y ya se demostró para qué es usada. Además, la UFI no nació para combatir el lavado, sino para controlar los movimientos financieros y políticos de nuestro país”, aseveró la Legisladora de izquierda, Myriam Bregman.
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Fuente: Télam, TVP, Telefe Noticias, Nueve Litoral.